MORATORIA HIPOTECARIA, PRÉSTAMOS Y ARRENDAMIENTOS, AYUDAS POR CAUSA COVID-19 (CORONAVIRUS) Actualizado a 22 de abril de 2020 MORATORIA HIPOTECARIA BENEFICIARIOS, deudores ,fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores sobre: ·         vivienda habitual, ·         inmuebles afectos a actividad económica, ·         viviendas alquiladas que se hubiera dejado de cobrar su arrendamiento desde el Estado de Alarma o un mes después. EFECTOS, Suspensión del pago de la cuota, sin intereses moratorios, 3 meses. La hipoteca se alargará el plazo de moratoria con tantos plazos más como meses de moratoria haya. DONDE SE PIDE, en cada entidad, ver su web. REQUISITOS: 1.    Que se hayan quedado en paro o, si se trata de empresarios o profesionales, estén sufriendo una pérdida sustancial de facturación (al menos un 40 %). 2.    Que su unidad familiar no tenga ingresos superiores a tres veces el IPREM (626,63 euros mensuales, en 12 pagas, en 2020, por tanto 1.879,90 € mes/ en 12 pagas), incrementado en un 10 % por cada hijo a cargo (15 % si son unidades familiares monoparentales) y en otro 10 % por cada persona mayor de 65 años que esté a cargo. 3.    El número de veces el IPREM sube a cuatro si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33 % o una discapacidad laboral permanente, y a cinco si la discapacidad es superior al 65 % o tiene carácter cerebral, mental o intelectual. 4.    Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, sea igual o superior al 35 % de los ingresos que perciba la unidad familiar. 5.    Y que la unidad familiar sufra, consecuencia de la emergencia sanitaria, una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda: Bien que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3; o bien que, en el caso de los que tienen negocios a su cargo, se haya producido una caída de las ventas de, al menos, el 40%. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: a)    En caso TRABAJADOR en situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida. b)   En caso de AUTÓNOMO: certificado expedido por la AEAT o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre la base de la declaración, bien de cese de actividad formulada por el interesado, bien de solicitud de ayuda especial por suspensión/bajada ingresos 75% c)    Para acreditar el número de personas que habitan la vivienda hipotecada: i)     Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. ii)    Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. iii)   En su caso, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. d)    Para acreditar la titularidad de los bienes: i)     Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. ii)    Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria. e)    Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el Real Decreto Ley. MEDIDAS ARRENDAMIENTO VIVIENDA: 1.- Suspensión de desahucio y lanzamientos de arrendatarios.- para quienes acrediten vulnerabilidad derivada del COVID-19, 6 meses (hasta 30/09/2020). Necesario acreditar: Desempleo, ERTE o reducción de jornada de trabajadores (certificado por el SEPE) Reducción sustancial de ingresos para empresarios (certificado AEAT si hay baja o cese, declaraciones de impuestos…. etc) No tener la familia (aportar libro de familia y empadronamiento con más de 6 meses de antiguedad) más de 3 veces IPREM, esto es 626,63 euros mensuales, en 12 pagas, en 2020, por tanto 1.879,90 € mes/ en 12 pagas, (+10% por hijo, ascendiente, 15% monoparental) 4 veces si minusvalía Que la renta arrendaticia más gastos y suministros básicos sea superior al 35% de los ingresos netos (declaración responsable) No tener la familia en propiedad o usufructo otra vivienda en España, salvo que acrediten no disponibilidad o accesibilidad. (índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la familia) Si el arrendador acredita estar igualmente vulnerabilidad COVID-19, el Juzgado comunicará a Servicios Sociales para que decidan duración y plazos (en la práctica, se retrasará igualmente el lanzamiento porque no irá muy rápido…) 2.- Prórroga de arrendamientos de vivienda habitual, los que venzan en los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma, 6 meses más. 3.- Moratoria de deuda arrendaticia, para arrendatarios de vivienda habitual en vulnerabilidad (ver nota 1.-) Si el arredatario vulnerable lo es de “grandes tenedores” de vivienda (más de 10 en alquiler) podrá solicitar un acuerdo, si no se produce en 7 días, el arrendador eligirá entre: Reducción de la renta al 50% mientras dure el Estado de Alarma y hasta un máximo de 4 meses Moratoria de renta mientras dure el Estado de Alarma, hasta un máximo de 4 meses. La renta se aplazará por un mínimo de 3 años  (o lo que quede de contrato) desde el final del Estado de Alarma, sin intereses Excepción, si el arrendatario obtiene un crédito ICO para arrendamiento (ver nota 4.-) Si el arrendatario vulnerable no lo es de un “gran tenedor”, podrá solicitar solo aplazamiento temporal y si no se produce un acuerdo en 7 días, si el arrendador es persona física, o en cualquier caso si el arrendatario está en vulnerabilidad,  podrá obtener  un crédito ICO para arrendamiento (ver siguiente nota 4.-) 4.- Créditos ICO para arrendatarios, en situación de vulnerabilidad (ver nota 1) para pago de la renta con plazo de hasta 6 años, prorrogable excepcionalmente por otros 4, sin intereses. Hasta el importe máximo de 6 meses de renta. OTRAS MEDIDAS  VIVIENDA/PRÉSTAMOS: 1.- Ayudas Plan Estatal Vivienda, mediante solicitud y adjudicación directa para arrendatarios/propietarios vulnerables que por COVID-19 tengan problemas transitorios para pago total o parcial del alquiler. Compatible con otras ayudas. Hasta 900 euros/mes con el tope de la renta o cuota hipotecaria si es inferior. Gestionado por las comunidades autónomas, previo informe servicios sociales. 2.- Ayudas para préstamos no hipotecarios (consumo etc) Previa solicitud de personas físicas vulnerables COVID-19 (ver requisitos anteriores) Se tendrá en cuenta para los cálculos el importe de la cuota hipotecaria o del arrendamiento Moratoria de hasta 3 meses, sin intereses, se retrasa el vencimiento en ese plazo. MEDIDAS ARRENDAMIENTO LOCALES: 1.- MORATORIA DE PAGO DE RENTA PARA ARRENDATARIO DE GRANDES TENEDORES (más de 10 inmuebles o más de 1500 m2) Si no hubiera acuerdo previo, a solicitud arrendamiento por autónomos de actividades suspendidas o con disminución de un 75% de facturación del mes anterior en relación con la media de ese trimestre del mes anterior, que se acreditara: Actividades suspendidas, certificado AEAT o Comunidad Autónoma Reducción de facturación, declaración responsable en base a información contable, mostrando incluso libros. El arrendatario no debe facturar más de 8 millones, tener menos de 50 empleados y no tener mas de 4 millones en activos (dos de las tres circunstancias) La duración será la de la duración del estado de Alarma, con un máximo de 4 meses. La renta aplazada se aplazará y fraccionará en 2 años desde la terminación del estado de alarma o los 4 meses, sin intereses, y menos si el contrato terminara antes. 2.- MORATORIA DE PAGO DE RENTA PARA ARRENDATARIO ORDINARIO Adicionalmente a lo anterior, se podrá acordar que el arrendador podrá disponer de la fianza que el arrendatario deberá reponer en el plazo de un año o hasta que termine el contrato si tuviera menor duración
14.03.2020
DESPACHO GOMEZ GALLARDO ABOGADOS
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA LAS PYMES Y AUTÓNOMOS PARA RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 (Actualización a 22 de abril 2020) CUARTO PAQUETE DE MEDIDAS (21 de abril 2020) Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril 1.- MEDIDAS FISCALES Ampliación de plazo para Pymes y autónomos con facturación inferior a 600.000 € en 2019 hasta el 20 de mayo para el 1T de 2020 (RDL 14/2020 de 14 de abril) Posibilidad de calcular el pago fraccionado del IS modelo 202 por los beneficios del trimestre en lugar de por un % de la cuota íntegra del IS 2018 (para 2P también para los que facturen entre 600.000 € y 6.000.000 € deduciendo del cálculo lo ya pagado en el 1P) Posibilidad para autónomos en módulos de calcular trimestres por estimación directa simplificada No apremio de deudas tributarias mientras se demuestre en 5 días que se ha pedido financiación por COVID para pago de impuestos y esté pendiente de concesión, aportando justificantes, siempre que cuando sea concedida se paguen inmediatamente (un mes) Se prorrogan los pagos del primer paquete de medidas y por tanto deudas a pagar los 30 de abril y 20 de mayo, pasan a 30 de mayo 2.- MEDIDAS EN ARRENDAMIENTO DE LOCALES MORATORIA DE PAGO DE RENTA PARA ARRENDATARIO DE GRANDES TENEDORES (más de 10 inmuebles o más de 1500 m2) Si no hubiera acuerdo previo, a solicitud arrendamiento por autónomos de actividades suspendidas o con disminución de un 75% de facturación del mes anterior en relación con la media de ese trimestre del mes anterior, que se acreditara: Actividades suspendidas, certificado AEAT o Comunidad Autónoma Reducción de facturación, declaración responsable en base a información contable, mostrando incluso libros. El arrendatario no debe facturar más de 8 millones, tener menos de 50 empleados y no tener mas de 4 millones en activos (dos de las tres circunstancias) La duración será la de la duración del estado de Alarma, con un máximo de 4 meses. La renta aplazada se aplazará y fraccionará en 2 años desde la terminación del estado de alarma o los 4 meses, sin intereses, y menos si el contrato terminara antes. MORATORIA DE PAGO DE RENTA PARA ARRENDATARIO ORDINARIO ·         Adicionalmente a lo anterior, se podrá acordar que el arrendador podrá disponer de la fianza que el arrendatario deberá reponer en el plazo de un año o hasta que termine el contrato si tuviera menor duración 3.- MEDIDAS LABORALES Posibilidad de considerar a los fijos discontinuos no llamados dentro de los ERTE Posibilidad de considerar las partes de la empresa no afectadas a actividades esenciales pero con disminución de actividad como ERTE de Fuerza Mayor ·         Posibilidad de desempleo para extinciones por no superar período de prueba desde 9/3/2020, y para bajas voluntarias por tener compromiso firme con otra empresa que hubiera desistido (que se debe acreditar por esta última) ·         Aclaración del régimen de aplazamientos 0.5% interés (pago mensual en 4 plazos, máximo aplazable 3 meses, por tanto12 plazos) 3.- OTRAS MEDIDAS ·         Disponiblidad extraordinaria de planes de pensiones (consultar en su entidad) ·         Posibilidad de anular pujas en subastas tributarias. ·         Aclaración de posibilidad de resolución de contratos de tracto sucesivo de imposible cumplimiento, si no hay acuerdo, por ejemplo bonos canjeables. TERCER PAQUETE DE MEDIDAS ( 1 de abril de 2020) Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo; 1.- Se amplían los supuestos moratoria hipotecaria de, ver apartado específico del blog a inmuebles afectos a actividades económicas y por 3 meses. (ver Blog específico de medidas vivienda/hipotecarias) 2.- Suspensión de desahucio y lanzamientos de arrendatarios.- para quienes acrediten vulnerabilidad derivada del COVID-19, 6 meses (hasta 30/09/2020). Necesario acreditar: ·         Desempleo, ERTE o reducción de jornada de trabajadores (certificado por el SEPE) ·         Reducción sustancial de ingresos para empresarios (certificado AEAT si hay baja o cese, declaraciones de impuestos…. etc) ·         No tener la familia (aportar libro de familia y empadronamiento con más de 6 meses de antiguedad) más de 3 veces IPREM, esto es 626,63 euros mensuales, en 12 pagas, en 2020, por tanto 1.879,90 € mes/ en 12 pagas, (+10% por hijo, ascendiente, 15% monoparental) 4 veces si minusvalía ·         Que la renta arrendaticia más gastos y suministros básicos sea superior al 35% de los ingresos netos (declaración responsable) ·         No tener la familia en propiedad o usufructo otra vivienda en España, salvo que acrediten no disponibilidad o accesibilidad. (índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la familia) ·         Si el arrendador acredita estar igualmente vulnerabilidad COVID-19, el Juzgado comunicará a Servicios Sociales para que decidan duración y plazos (en la práctica, se retrasará igualmente el lanzamiento porque no irá muy rápido…) 3.- Prórroga de arrendamientos de vivienda habitual, los que venzan en los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma, 6 meses más. 4.- Moratoria de deuda arrendaticia, para arrendatarios de vivienda habitual en vulnerabilidad (ver nota 1.-) ·         Si el arredatario vulnerable lo es de “grandes tenedores” de vivienda (más de 10 en alquiler) podrá solicitar un acuerdo, si no se produce en 7 días, el arrendador eligirá entre: o   Reducción de la renta al 50% mientras dure el Estado de Alarma y hasta un máximo de 4 meses o   Moratoria de renta mientras dure el Estado de Alarma, hasta un máximo de 4 meses. La renta se aplazará por un mínimo de 3 años  (o lo que quede de contrato) desde el final del Estado de Alarma, sin intereses o   Excepción, si el arrendatario obtiene un crédito ICO para arrendamiento (ver nota 4.-) ·         Si el arrendatario vulnerable no lo es de un “gran tenedor”, podrá solicitar solo aplazamiento temporal y si no se produce un acuerdo en 7 días, si el arrendador es persona física, o en cualquier caso si el arrendatario está en vulnerabilidad,  podrá obtener  un crédito ICO para arrendamiento (ver siguiente nota 5.-) 5.- Créditos ICO para arrendatarios, en situación de vulnerabilidad (ver nota 2) para pago de la renta con plazo de hasta 6 años, prorrogable excepcionalmente por otros 4, sin intereses. Hasta el importe máximo de 6 meses de renta. Solicitar en su banco habitual 6.- Ayudas Plan Estatal Vivienda, mediante solicitud y adjudicación directa para arrendatarios/propietarios vulnerables que por COVID-19 tengan problemas transitorios para pago total o parcial del alquiler. Compatible con otras ayudas. Hata 900 euros/mes con el tope de la renta o cuota hipotecaria si es inferior. Gestionado por las comunidades autónomas, previo informe servicios sociales. 7.- Ayudas para préstamos no hipotecarios (consumo etc) ·         Previa solicitud de personas físicas vulnerables COVID-19 (ver requisitos anteriores) ·         Se tendrá en cuenta para los cálculos el importe de la cuota hipotecaria o del arrendamiento ·         Moratoria de hasta 3 meses, sin intereses, se retrasa el vencimiento en ese plazo. 8.- Moratoria cotizaciones Seguridad Social, hasta 6 meses, sin intereses. ·         Previa solicitud por RED cumpliendo requisitos (por determinar en Orden Ministerial no publicada aun) dentro de los primeros 10 días naturales del plazo de ingreso, empresas y trabajadores, para cuotas devengadas EN ACTIVIDADES NO SUSPENDIDAS y entre abril y junio (pagos el mes siguiente) para empresas (una solicitud por  cada CCC) y entre mayo y julio (pagos el día 30 de ese mes) para autónomos. ·         La concesión se comunicará en los 3 meses siguientes, salvo que esta sea aplicada. ·         No será de aplicación a los CCC que hayan tenido ERTE por Fuerza Mayor con exoneración de cuotas. 9.- Aplazamiento deudas Seguridad Social ·         Previa solicitud antes de los 10 primeros días del plazo reglamentario del ingreso, si no hubiera otros aplazamientos en vigor para pagos sean entre abril y junio de 2020 (es decir SS de marzo y mayo) con un interés del 0,5% en lugar del habitual 10.- Resolución de Contratos por Consumidores de compra o de servicios de imposible cumplimiento ·         Durante un plazo de 14 días, salvo que haya una propuesta de revisión (bonos o vales de reembolso) de las partes, antes de 60 días. ·         Si el cumplimiento fuera imposible, se devolverá menos los gastos justificados en 14 días. ·         En contratos de tracto sucesivo la empresa podrá ofrecer recuperar el servicio a posteriori, pero si el consumidor no aceptara, se devolvería. ·         En Agencias de viaje la empresa podrá entregar un bono para un año desde el fin del Estado de Alarma. Pasado el año, el consumidor podrá obtener el reembolso. El bono tendrá que con respaldo financiero que garantice su ejecución. El organizador o minorista no podrán dar bono si a su vez hubieran obtenido reembolso del mayorista y el consumidor no quisiera el bono, total o parcialmente, el reembolso será en un plazo máximo de 60 días. 11.- Otras Medidas Bono social por autónomos vulnerables para suministros esenciales en su vivienda habitual, subsidio para empleadas de hogar, garantía de suministros esenciales y no corte del servicio, subsidio de desempleo excepcional para trabajadores por fin de contrato temporal, flexibilización contratos de suministro para particulares y autónomos, incluso de suspensión, aplazamiento de cuotas aduaneras, ampliación de plazos administrativos, disponibilidad de plantes de pensiones etc. Consúltenos sus dudas SEGUNDO PAQUETE DE MEDIDAS (17 de marzo de 2020) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y que tienen una vigencia de un mes, salvo plazos específicos de algunas medidas y son susceptibles de prorrogarse por el Gobierno previa evaluación de la situación. 1.- Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores por cuenta ajena o autónomos cuyas actividades queden suspendidas conforme al Real Decreto del estado de alarma o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Requisitos: a)    Estar de alta en la fecha de declaración del estado de alarma en el RETA b)    En caso de que se trate de una actividad que no haya sido suspendida, acreditar la reducción de facturación de más del 75 por ciento con respecto al semestre anterior. c)    Estar al corriente de pago con la TGSS o bien regularizar la situación en plazo de 30 días naturales. La cuantía será del 70 de la base reguladora (promedio de la base de cotización del autónomo de los últimos 12 meses) y tendrá una duración de un mes (prorrogable hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma en caso de que se prorrogue y dure más de un mes) También aplicable a socios trabajadores de cooperativas de trabajo. 2.- Aprobación de línea de avales para empresas y autónomos y ampliación de préstamos del ICO. Se otorgarán avales a la financiación concedida por entidades de crédito, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez pero hay que justificar que es por esta causa del COVID 19. Quedan pendiente de aprobación los requisitos para la concesión de los avales y el plazo máximo de solicitud de los mismos. Se amplían el ICO para facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. 3.- Suspensión de plazos en el ámbito tributario. a)    Se AMPLIAN hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos tributarios que no hayan concluido a la entrada en vigor de este Real Decreto: -       Los plazos de pago de la deuda tributaria liquidada por la Administración (no autoliquidaciones) o de providencias de apremio. -       Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos (ejemplo: aplazamiento del IVA del 4T que deba pagarse el 5/04/2020 se suspenderá hasta 30/04/20) Los plazos del aplazamiento que sean posteriores a la suspensión de plazo se mantendrán. -       Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación. b)    Se AMPLIAN hasta el 30 de mayo de 2020 los mismos plazos anteriores siempre que la notificación de dicho plazo por Hacienda sea posterior a la entrada en vigor de este Real Decreto, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor, que entonces se aplicará el plazo mayor. Ejemplo: notificación de requerimiento tras este RD con plazo de 10 días para contestar, suspendido el plazo hasta 30 de mayo de 2020 y a partir de ahí comienza a contar el plazo. c)    Si el obligado tributario a pesar de la suspensión del plazo contestara al requerimiento, presentara alegaciones, etc. se entenderá cumplido el trámite. d)    Estos periodos de suspensión de plazo no computan a efectos de caducidad ni a efectos de la duración máxima del procedimiento de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. e)    Mismas ampliaciones de plazos para solicitudes o requerimientos de la Dirección General del Catastro en función de si han sido comunicados antes o después de la entrada en vigor del RD. 5. Otras medidas aplicables a personas jurídicas: ·         Celebración de reuniones de órganos de gobierno por videoconferencia ·         Suspensión de plazos para formular y aprobar cuentas anuales, auditoría, celebración de juntas de socios, derecho de separación, causa de disolución ·         No responsabilidad de administradores por deudas contraídas en el período. ·         Suspensión del plazo para solicitar la declaración de concurso. PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS (12 de marzo de 2020) El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo medidas, según dicen, dirigidas a garantizar la liquidez de las empresas del sector turístico y apoyar la financiación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Entraron en vigor el 13 de marzo de 2020 y serán de aplicación mientras que duren las circunstancias excepcionales que motivaron la adopción de las mismas En concreto las medidas aprobadas para pymes y autónomos son las siguientes: 1.- Aplazamiento de deudas tributarias (solo para empresas y autónomos con volumen de operaciones inferior a 6.010,121,04 euros en ejercicio 2019) Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde 13 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias que expresamente la Ley General Tributaria establece como inaplazables en circunstancias normales (artículo 65.2 b) f) y g) LGT) tales como pagos a cuenta del Impuesto sobre sociedades (Modelo 202), retenciones e ingresos a cuenta (Modelos 111, 115 y 123) Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: a)    El plazo será de seis meses. b)    No se devengarán intereses durante los primeros tres meses del aplazamiento. Se solicitará de forma ordinaria en el momento de la presentación de cada impreso, marcando en la casilla de motivo de solicitud “Aplazamiento RDL” y en fecha del primer ingreso la que corresponda a contar 6 meses desde la finalización del plazo ordinario de presentación de cada modelo. 2.- Solicitud de aplazamiento del calendario de reembolso de en préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde la entrada en vigor de estas medidas Esta solicitud conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de reembolsos. La solicitud deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud. La solicitud presentada deberá incorporar la documentación prevista en el Real Decreto ley, consistente en una memoria justificativa que motive la dificultad para atender a los vencimientos, explicando cómo se ha producido la afectación de esta situación, su valoración económica y financiera y el plan de actuación para paliar los efectos, una memoria técnica y económica de las inversiones realizadas hasta el momento en caso de que el plazo para las mismas no hubiera terminado y una declaración responsable de la empresa de encontrarse al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, presentación de cuentas en el Registro Mercantil,  así como de reintegros por ayudas o préstamos con la Administración. Adicionalmente a estas dos medidas que resultan de aplicación para pymes y autónomos de cualquier sector, el Real Decreto Ley establece dos medidas adicionales para el SECTOR DELTURISMO, NO PARA LOS DEMÁS, que son las siguientes: 3.- Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos Se trata de una línea de financiación para empresas del sector que fue creada por el Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Se amplía en 200 millones adicionales, hasta los 400 millones la línea de financiación y se mantienen las condiciones de acceso a la misma que fueron aprobadas en el Real Decreto inicial y en el conjunto de instrumentos normativos de desarrollo. 4.- Prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Solo será de aplicación a las empresas privadas, no públicas, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores. Será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020. Esta bonificación no será de aplicación en las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias, durante los meses de febrero y marzo de 2020, en los que será de aplicación la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
12.03.2020
DESPACHO GOMEZ GALLARDO ABOGADOS
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Algunos clientes nos han pedido opinión sobre si la situación del Coronavirus podría justificar un incumplimiento de contrato de alquiler, suministro, compromiso de pago etc. la respuesta es que en general NO, pero que cada caso es un mundo y que depende. Por ejemplo, si tenemos un contrato que nos obliga a celebrar un evento de muchas personas en Madrid en una sala de fiestas, será mucho más fácil que en caso de litigio nos de la razón un juez por la evidente razón de que normas legales sobrevenidas impiden ahora la celebración de eventos, y podemos evitar responsabilidad con amparo en el art. 1.105 del Código Civil, que contiene una definición descriptiva del concepto de fuerza mayor (más pensada, hay que decirlo, para el caso fortuito) pues dispone: Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. Pero en otro ejemplo, pretender un impago de una deuda adquirida en la adquisición de un material que no se ha vendido, o anterior a la situación de la pandemia no se justificaría seguramente, porque provocaría un ilegítimo empobrecimiento del acreedor por un material que todavía se puede vender, o que ya se vendió incluso. Entre ambas dos posiciones hay muchos grises que implican que tenemos que ver caso por caso la situación y tratar de no trasladar nuestra "mala suerte" en exclusiva a los demás, que además en esta crisis por la pandemia también estarán afrontando sus propias dificultades. Las consecuencias de esta FUERZA MAYOR deben ser proporcionadas,  El Tribunal Supremo en sentencia 447/2017, dice que de lo que se trata es de “flexibilizar” la preferente regla “pacta sunt servanda”, (los pactos deben cumplirse) no necesariamente de extinguir las relaciones jurídicas . No hay que olvidar que el fundamento es la buena fe, y por tanto el efecto en principio tiene que ser la modificación del contrato para  reequilibrar las obligaciones, y solo en caso de imposibilidad la resolución de la obligación, en ambos casos sin indemnización por incumplimiento. Por ello y en todo caso apelamos a la negociación y al acuerdo. Con ese objetivo hemos redactado un modelo de carta que puede ser usado y copiamos a continuación: Estimados Sres. Por causa de fuerza mayor aparada en el artículo 1.105 del Código Civil, y debido a la situación creada por la pandemia del coronavirus COVID-19, que nos ha llevado a una drástica reducción de actividad, incluso el cierre, nos vemos forzados a invocar la modificación de nuestro acuerdo de pago /relación contractual en el sentido de que no podremos afrontar el cumplimiento de nuestras obligaciones por tiempo indefinido mientras dure la situación excepcional, proponiendoles (quitar lo que no proceda): Una reducción de la renta arrendaticia a un ……………% de la cantidad actual durante ……..meses a fondo perdido. Una reducción de los importes adeudados en un ………….% de los actuales. Una espera de ………..meses en el pago de la deuda hasta que se de por terminada la situación excepcional. Un fraccionamiento de la cantidad adeudada en ………….mensualidades a comenzar desde…………. Rogamos entiendan que nuestra intención no es perjudicarles, al contrario es poder continuar y recuperar la normalidad a la mayor brevedad cuando termine esta situación de fuerza mayor. Atentamente. Ese texto puede servir para iniciar una negociación o incluso para "justificar" un impago, un retraso, una reducción  en el mismo o todo a la vez, en el bien entendido de que no es una carta blanca que permite hacer lo que queramos, y que si acabamos en juicio, lo normal es que se pierda habida cuenta de la unilateralidad y de que en Derecho "pacta sunt servanda" (los pactos deben cumplirse) prevalece salvo causa muy justificada, muy moderada. y muy equitativa sobre "rebus sic stantibus" (si siguen igual las cosas)
CORONAVIRUS, RELACIONES LABORALES Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO - DESEMPLEO, AYUDA PYMES Y AUTÓNOMOS A 13/05/2020 Vista las suspensiones obligatorias de actividad de determinadas actividades y concentraciones, es posible que su empresa se vea afectada o incluso tenga que cerrar. Debe saber que ya existen a día de hoy unas bonificaciones específicas, por la normativa excepcional aprobada. Para el caso de trabajadores, la empresa NO PUEDE REDUCIR JORNADAS NI SUSPENDER CONTRATOS sin un procedimiento de Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), si se hiciera sería nulo e incluso algún trabajador podría demandar por modificación sustancial o despido improcedente. EXCEPCIÓN:  Los trabajadores que acrediten deber de cuidar familiares directos tendrán derecho a adaptar/reducir jornada (con reducción de salario proporcional), siempre de forma justificada, razonable y proporcionada sobre todo en el caso de que sean varios los que lo pidan en la misma empresa. En caso de conflicto resolverá el Juez social por demanda del trabajador, pero provisionalmente decidirá la empresa aunque la propuesta inicial será del trabajador. Se admite que el trabajador, justificándolo, solicite una reducción del 100% de la jornada. En todo caso existen dos posibilidades: 1º ERTE POR FUERZA MAYOR (FM) (empresas directamente cerradas por orden administrativa, o con actividad/cobros/producción disminuida por causa directamente relacionada en esta situación), desde el 13 de mayo 2020 hay dos categorías: A)   se considera que continúan en FM TOTAL, aquellas empresas que tengan ERTE por FM cuyas actividades estén todavía prohibidas (Festivales de música por ejemplo) B)   FM PARCIAL las causas que “permitan la recuperación parcial de su actividad” En ambos casos hasta el 30 de junio, (el Gobierno podrá nuevamente prorrogar esa fecha). Las empresas que puedan abrir parcialmente, “deberán proceder a reincorporar” a los trabajadores en “la medida necesaria… …primando los ajustes en términos de reducción de jornada” Entendemos que están en esta categoría obligatoriamente los que pudiendo abrir parcialmente, por ejemplo un bar con terraza, deciden no abrir en fase 1 que permite la apertura parcial de esa terraza. Las obligaciones son el comunicar a la Autoridad Laboral la renuncia total al ERTE en 15 días desde la fecha de efectos, precia comunicación al SEPE de las variaciones de datos (no se ha establecido como en ninguno de los dos casos), también hay que comunicar al SEPE la modificación de las prestaciones de los trabajadores total o parcialmente incorporados. 2º ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS O CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN (ETOP) (empresas cerradas o con actividad/cobros/producción disminuida por causa indirecta de esta situación), desde el día 13 de mayo se podrá iniciar un ERTE ETOP para abarcar períodos posteriores al 30 de junio mientras esté en vigor el ERTE FM, tanto total como parcialmente y si se hace posteriormente, el inicio se retrotraerá a la fecha de fin del FM (30 de junio, en principio) PROHIBICIÓN DE DESPEDIR: ·        La  FM y las causas ETOP no pueden ser causas de extinción de contrato ni de despido (consecuencia despido improcedente, 33 días por año de servicio, pero es posible que se plantee una nulidad) EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) Un ERTE permite suspender temporalmente todos o parte de los contratos, toda la jornada o parte de ella, para unos trabajadores o para todos, quedas exento de pagar la nómina (ni extras, ni devengan vacaciones), y las PYMES quedan exoneradas del pago de la S.S. (solo en caso de Fuerza Mayor si se mantiene el empleo) En esta situación de CORONAVIRUS, se puede tramitar: 1º ERTE POR FUERZA MAYOR (empresas directamente cerradas por orden administrativa, o directamente vinculada la disminución de actividad o cierre con ello) que acelera los trámites. Puede suspenderse el contrato 100% o reducirse la jornada entre un 10 y  un 70% (por tanto entendemos no es posible reducir un 80%) Requiere: ·         Aunque no requiere periodo de consulta, ni conformidad de los trabajadores, sí hay que comunicarles un Informe de Pérdida de Actividad por COVID-19. Es recomendable hacer un Acta, todos firman, presencial o telemáticamente, para los ausentes vale un correo electrónico, o incluso un whatsapp, tienen que contestar RECIBIDO -guardar pantallazos/chat, y unificar todas las notificaciones en un documento, para imprimir en PDF e incorporar al expediente de ERTE-, no es relevante que no estén conformes. ·         Solicitud a la Comunidad Autónoma (hay que detallar los efectos trabajador por trabajador) tiene 5 días para tramitarlo. Como hay un previo informe de la Inspección de Trabajo, lo normal es que se retrase. El silencio administrativo es positivo y retroactivo a la fecha de solicitud, pero mientras tanto se debe pagar salario. ·         La Inspección de Trabajo, examinará si es verdad que es proporcionado y adecuada la causa de Fuerza Mayor que justifica el ERTE para evitar fraude o ERTEs más amplios de lo que debiera ser. ·         No se puede comunicar el ERTE en la S.S. hasta la resolución expresa (entendemos que podemos presentarlas tras silencio administrativo positivo, 5 días hábiles desde la presentación), se habilitará un procedimiento automático de reconocimiento, pero no nos consta por el momento. ·         Independientemente de la solicitud, empiezan con la primera orden Administrativa y terminarán el mismo día que la Administración de por terminada la causa de FM 2º ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS O CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN (empresas cerradas o con actividad/cobros/producción disminuida por causa de esta situación), es el mismo procedimiento anterior, con las siguientes variaciones ·         Primero requiere acreditar la causa, por tanto, el informe deberá explicar y acreditar la disminución de pedidos, clientela, cobros, actividad etc y porqué se suprimen o modifican puestos de trabajo. ·         Segundo, requiere designar representantes de los trabajadores (3 en caso de Pymes sin comité), máximo 5 días ·         Tercero, requiere un período de consultas, máximo 7 días. ·         No es obligatorio el informe de la Inspección de trabajo ·         La administración tiene 7 días en lugar de 5 para aprobar el ERTE ·         Empieza en el momento de comunicación de la decisión final a la Autoridad Laboral, termina cuando se establezca en tal decisión final. ·         NO se exonera de cotizar a la SS Como la norma habla de períodos máximos, y no mínimos, entendemos que es posible hacer un acta de asamblea que acuerde todo lo anterior de forma sucesiva en unidad de acto. Una vez aprobado el ERTE: El trabajador, está legalmente en desempleo, y la prestación se debe tramitar de oficio por la administración, aunque lo puede solicitar individualmente (ver como más adelante) NO le consumirá período de paro y tendrán derecho a él aunque no tuvieran cotización suficiente. Sobre la EXONERACIÓN DE CUOTAS A LA S.S. Se mantiene la exoneración de la SS de mayo y junio de 2020 para las empresas en ERTE FM TOTAL con menos de 50 trabajadores (75% las de más) Las empresas de ERTE FM PARCIAL (es decir las que podrían abrir parcialmente, aunque no abran….), tienen diferentes tramos, en función del mes, del número de trabajadores de la empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad: a)    Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85 % en mayo y del 70 % en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60 % en mayo y el 45 % en junio. b)    Para los trabajadores que continúen su actividad suspendida, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores). Las exenciones se aplicarán a solicitud de la empresa, previa comunicación (por Sistema Red mediante declaración responsable presentada antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas) de la situación de FM total o parcial, así como la identificación de los afectados  y período de suspensión o reducción de jornada. Sobre el MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Solo hay exoneración de cuotas si se mantiene el empleo durante 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad aunque no haya reincorporación al trabajo de toda la plantilla. Se entiende cumplido el requisito si la reincorporación es parcial. Es incumplido si hay despido o extinción de contratos de trabajo de personas incluidas en ERTE, salvo despido disciplinario procedente, baja voluntaria, muerte, jubilación o incapacidad. Tampoco si no se llama a fijos discontinuos (y es justificado) en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. No es incumplido cuando haya “riesgo de concurso de acreedores” es decir, no se estén cumpliendo regularmente las obligaciones de pago de forma generalizada. Se endurece el régimen de INFRACCIONES Y SANCIONES por usar COVID-19 para ERTES que se consideren fraudulentos Los contratos temporales que hubieran vencido durante el ERTE, tendrán los mismos días que les quedaba antes de su inicio para su terminación, es decir no vencerán durante el ERTE Sobre el REPARTO DE DIVIDENDOS Las empresas con ERTE FM TOTAL con más de 50 trabajadores no podrán repartir dividendos en correspondientes a 2020 salvo que reintegren la exoneración de cuotas de la SS APLAZAMIENTOS Y MORATORIAS Moratoria cotizaciones Seguridad Social, hasta 6 meses, sin intereses. ·         Previa solicitud por RED cumpliendo requisitos dentro de los primeros 10 días naturales del plazo de ingreso, empresas y trabajadores, para cuotas devengadas EN ACTIVIDADES NO SUSPENDIDAS y entre abril y junio (pagos el mes siguiente) para empresas (una solicitud por  cada CCC) y entre mayo y julio (pagos el día 30 de ese mes) para autónomos. ·         La concesión se comunicará en los 3 meses siguientes, salvo que esta sea aplicada. ·         No será de aplicación a los CCC que hayan tenido ERTE por Fuerza Mayor con exoneración de cuotas. Aplazamiento deudas Seguridad Social ·         Previa solicitud antes de los 10 primeros días del plazo reglamentario del ingreso, si no hubiera otros aplazamientos en vigor para pagos sean entre abril y junio de 2020 (es decir SS de marzo y mayo) con un interés del 0,5% en lugar del habitual (pago mensual en 4 plazos, máximo aplazable 3 meses, por tanto12 plazos) INFORMACIÓN ADICIONAL CORONAVIRUS RELACIONES LABORALES. TELETRABAJO, no es obligatorio, es potestad de la empresa permitirlo o no. En ese caso se cotiza y paga igual, si es el empresario el que obliga no le puede suponer al trabajador un coste (comprar un ordenador, internet suficiente o aplicaciones informáticas) VACACIONES, no se pueden imponer, ni por la empresa al trabajador ni viceversa. Pero se puede acordar dar unos días mediante acuerdo expreso. DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS, es derecho del trabajador tomarlos según cada convenio colectivo. Algunos convenios permiten días de asuntos propios cobrados y cotizados, otros por el contrario solo permiten los días de asuntos propios no retribuidos, en ese caso sí habría que cotizar (por la base mínima, hay algunas especialidades dependiendo del caso). EXCEDENCIA, según el convenio colectivo puede ser obligatoria aceptarla para empresa, pero si el convenio no lo admite, la empresa puede aceptarla o no. En ese caso no se cotiza, ni se paga salario. BAJA POR ENFERMEDAD, si es por concreto contagio de CORONAVIRUS, o incluso por AISLAMIENTO forzoso por tal enfermedad mandado por servicios médicos, (ES DECIR NO EL GENÉRICO MANDATO GUBERNAMENTAL PARA TODA LA POBLACIÓN DE QUE QUEDE EN CASA) se considera baja por enfermedad profesional, es decir, el trabajador cobra el 75% de la base reguladora del salario a cargo del Estado, pero la empresa ahorra la cotización desde el primer día (anteriormente era “enfermedad común” el trabajador cobraba un % y se cotizaban los primeros 15 días). También la pueden cobrar los autónomos. La baja la tramita el personal médico que te atienda, tras llamar  al número habilitado en cada Comunidad Autónoma, los médicos de Medicina Preventiva y Salud Pública tras la visita de los médicos de urgencia a domicilio a los trabajadores en aislamiento preventivo, y esos médicos serán los que  deberán comunicar por correo electrónico a los facultativos de Atención Preventiva y a la Inspección de Servicios Sanitarios de cada comunidad qué trabajadores pueden recibir la prestación. Los inspectores médicos deberán hacer un seguimiento y supervisión temporal de los trabajadores en incapacidad temporal por aislamiento preventivo. Pedid que se os confirme y con ello comunicarlo a la empresa cuanto antes se pueda. Si hay retrasos en la gestión, se podrán tramitar con efectos retroactivos. Es decir:  se debe llamar al teléfono del centro de salud que figura en la tarjeta sanitaria (insistir si es necesario). Un auxiliar administrativo le atenderá y tomará nota de los datos y síntomas que tiene y pasará la información a su médico de familia. Será incluido en una lista de consultas médicas por teléfono. Su médico de familia le llamará y le preguntará sobre su estado de salud y hará una valoración en función de la cual emitirá la baja médica. En otros centros de salud el mismo médico que le pregunta sobre su sintomatología emite el parte de baja. Ahora bien, ¿cómo y cuándo puedo recogerlo? “Muchos facultativos están emitiendo bajas médicas por correo electrónico, aunque también se puede acudir a la puerta del centro de salud con la tarjeta del afectado donde un sanitario le atenderá, en algunos casos hasta en la calle, y pasará sólo al centro a buscar el parte para dárselo”. Ese parte se remitirá a la empresa como se pueda, incluso por foto. La empresa deberá consultar diariamente si tiene casos de baja por COVID-19 el servicio telemático INSS-EMPRESAS (FIE) sin necesidad de esperar a que el trabajador le aporte la copia de los partes de baja. En todo caso: NO ES SUFICIENTE CON DECIR A LA EMPRESA “ESTOY EN AISLAMIENTO”;” ESTOY ENFERMO”. DEBE HABER UN CONTROL MEDICO Y UNA BAJA LABORAL, si no, es inasistencia al puesto de trabajo y por tanto infracción laboral. NO ES BAJA LABORAL EL MANDATO GUBERNATIVO PARA TODA LA POBLACION DE QUEDARSE EN CASA.             PERMISOS RETRIBUIDOS POR CIERRE DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA hasta el 11 de abril de 2020 Se cierra toda actividad productiva no esencial que no esté en teletrabajo hasta el 11/4/2020 Los trabajadores afectados tendrán un permiso retribuido equivalente a su salario, a costa de la empresa. Las horas no trabajadas se deberán recuperar posteriormente Sectores esenciales y del resto que estén en teletrabajo deberán continuar con normalidad (alimentación, bienes de primera necesidad, su transporte, distribución y venta, seguridad, sanitarios, atención de dependientes, prensa, servicios financieros, seguros, industria de electricidad, siderurgia, defensa, sanidad, telecomunicaciones, servicios y prestaciones públicos, periodistas, asesorías y despachos de abogados) PEDIR DESEMPLEO POR TRABAJADORES El SEPE (Servicio de Empleo) ha cerrado sus oficinas presenciales, aunque ha anulado los plazos para pedir el paro, han habilitado estos números CIUDADANOS 900 81 24 00 - 901 11 99 99 EMPRESAS 900 81 24 01 En caso de ERTE, despido, fin de contrato o no superación de período de prueba la Comunidad de Madrid anuncia que reconocerá el desempleo automáticamente, y han abierto este enlace https://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo/ PARA que cada trabajador por su cuenta ponga sus datos y CUENTA CORRIENTE (IBAN) No obstante la norma estatal el sábado 28 ha establecido un plazo de 5 días (para ERTES presentados antes del 27/03/20 plazo hasta el viernes 3 de abril) para que las empresas que hayan hecho ERTE por FM (y mismo plazo desde que comuniquen la decisión final las de ETOP) aporten al SEPE los listados de afectados y datos precisos descargable aquí http://sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Plantilla-ERES--COVID-19-v19-Env.xlsx remitiéndose el fichero, que tendrá como nombre el del ccc del centro de trabajo, al SEPE provincial correspondiente (ver aquí: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do ). Posteriormente tendrá cada empresa que remitir el certificado de empresa de cada uno de los trabajadores, a través de certific@2, como habitualmente. Para trabajadores no afectados por ERTE (fijos discontínuos, despidos, fin de contrato…), para solicitar desempleo o consultar estado de tramitación solo prestan atención telefónica y reforzarán sus servicios telemáticos. Para tener la plena funcionalidad, el trabajador debería tener certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve, (pedir aquí), pero PREVIAMENTE hay estar inscrito como demandante de empleo en el servicio de empleo, para ello se deberá acceder a la Sede Electrónica del SEPE, en la dirección https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html , y marcar en “iniciar solicitud”. Posteriormente se pondrán en contacto telefónico con el trabajador (pues están los servicios presenciales de las oficinas del INEM cerrados al público) y le informarán del siguiente paso, que en todo caso se podrá hacer aquí: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html una PRE-SOLICITUD correspondiente a la prestación contributiva de desempleo. En esa página hay también una guía de uso y otra guía de configuración para firma electrónica que recomendamos leerse Autónomos ESTADO.- Los autónomos, tendrán derecho a la prestación extraordinaria (70% de base reguladora, la mínima sería por tanto de 661,04€) por cese de actividad, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Estar afiliados y en alta, para los de actividad suspendida b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar la reducción de su facturación del mes anterior a la solicitud de la prestación (marzo) en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior (septiembre 2019 a febrero 2020), si se pide en mayo, corre un mes, quizá sea mejor para algunos. c) No es necesario darse de baja pero sí hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. (un mes para ponerse al día) d) solicitarlo CADA UNO A TRAVÉS DE SU MUTUA Y CON EL MODELO Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DE CADA UNA DE ELLAS (llamarlas y/o consultar su web) antes de un mes desde el 18 de marzo 2020. e) Entendemos que también lo pueden pedir Administradores Societarios que cumplan las empresas los requisitos (cierre de actividad, disminución de los ingresos en al menos un 75%). f) En todo caso se debe acreditar la suspensión de actividad, o disminución de ingresos con documentación “suficiente”, por ejemplo ERTE, cancelación de pedidos, libros de facturas etc. g) Es incompatible con otras prestaciones (enfermedad etc) h) Plazo, hasta el último día del mes siguiente a que termine el estado de alarma. COMUNIDAD DE MADRID.- Los autónomos sin trabajadores en plantilla, que acrediten pérdidas y que se comprometan a seguir de alta en los próximos 12 meses tendrán una ayuda directa de 3.200 €, a través del programa IMPULSA es sencillo de cumplimentar y compatible con la anterior ayuda, solo hace falta el último recibo de autónomos, el alta en IAE/Censo (modelo 036/037) y el certificado de Prevención de Riesgos Laborales o una declaración de no estar obligado a ello (No están los que no compartan centro de trabajo y no tengan trabajadores, pedidnos modelo), hay un límite de 5 millones de euros, que entendemos a día de hoy agotado. Los que no se hayan acogido a lo anterior, o no tengan derecho podrán solicitar una ayuda de 534 euros en el programa CONTINUA para el pago de las cuotas de autónomos de marzo y abril, es necesario haber iniciado actividad en marzo, declaración de haber perdido más de un 30% de los ingresos, y mantenerse 3 meses de alta después de percibir la ayuda, incompatible con otras ayudas y con la tarifa plana. AYUNTAMIENTO DE MADRID.- Previa solicitud, los autónomos y empresas con inmuebles destinados a ocio, hostelería y comercial, un 25% de rebaja en el IBI, condicionada al mantenimiento del promedio de plantilla (no aplica, lógicamente a quien tenga su negocio en local alquilado). También se reduce el 25% el IAE de dichas actividades para las empresas que tributen por ese impuesto, (más de 3 años de actividad, facturación más de 1 millón de euros). Comercio y Hostelería dispondrán de ayudas para digitalización y formación y descuento en la tasa de terrazas. Este Despacho tiene ya preparados los modelos para la tramitación urgente del expediente, a unas tarifas competitivas REDUCIDAS EXCEPCIONALMENTE EN UN 80% DE LO HABITUAL, desde 400 €. Estamos a su disposición en el correo contacto@gomezgallardo.com y en el whatsapp 676387057. Descargue al final de la página a la que lleva este enlace los documentos necesarios para tramitarlo Vd mismo.
26.11.2019
DESPACHO GOMEZ GALLARDO ABOGADOS
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Por norma general, si hay deudas con la Comunidad al adquirir un piso o local el nuevo propietario responderá de ellas Tendrá que pagar, la parte vencida de la anualidad en curso y LOS TRES AÑOS ANTERIORES, quedando la propiedad afecta al pago Pero, ¿si se adquiere por subasta? La respuesta es clara, desde que se entrega el TESTIMONIO DE ADJUDICACIÓN que es el documento público que sirve para el Registro de la Propiedad. Esa es la fecha, y no la de subasta, ni la del decreto de subasta, ni la del pago, ni siquiera la del decreto de adjudicación, (pueden pasar semanas o meses entre cada uno de los pasos anteriores) sino la de la entrega del testimonio (es decir copia firmada por el Juzgado) del Decreto de Adjudicación Consulte en nuestro Despacho cualquier duda Es cierto que no hay unanimidad doctrinal ni jurisprudencial, pero la mayoría de los litigios se resuelven así, y ello está más claro desde sentencia del Tribunal Supremo 14 de julio de 2015, ratificada por otra de 1 de marzo de 2017 y Auto de 23/01/2019, diciendo este último que: TERCERO .- Formulado el recurso de casación en los términos expuestos, este no puede ser admitido por las siguientes razones: - En el motivo primero, la recurrente insiste en que la doctrina de esta Sala que cita como exponente identifica la aprobación del remate en las subastas como el momento de adquisición del dominio y no con la escritura pública, como hace la sentencia recurrida, desconociendo la misma. Ahora bien, lo anterior no es aplicable al presente caso, no solo porque la jurisprudencia invocada es obsoleta y se refiere a la legislación anterior a la LEC que es la que actualmente está vigente sino porque en el caso que nos ocupa, como sostiene la sentencia recurrida, no existe entrega del testimonio de un eventual auto o decreto de aprobación del remate, dadas las peculiaridades de la subasta llevada a cabo. Es más hay que tener en cuenta que en la actualidad la transmisión de la propiedad del bien subastado se produce mediante el otorgamiento del auto o decreto de adjudicación. Así lo reitera la sentencia de esta sala n.º 139/2017 de 1 de marzo de 2017 al recoger lo dispuesto en STS n.º 414/2015, de 14 julio , al decir que: "En nuestro sistema se hacía coincidir la consumación de la venta de bienes inmuebles en subasta con el otorgamiento de la escritura pública, porque el otorgamiento de dicha escritura equivale a la entrega de la cosa, en virtud de la tradición instrumental a que se refiere el artículo 1462 del Código Civil ( sentencia, entre otras, de 10 diciembre 1991 ), pero una vez sustituida la necesidad de otorgar escritura pública por el auto de adjudicación, y ahora por el testimonio del secretario judicial del decreto de adjudicación, que comprende la resolución por la que se aprueba el remate y se expresa que se ha consignado el precio ( artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , según redacción dada por Ley 13/2009 de 3 de noviembre), éste será el momento en que debe entenderse producida la transmisión del bien de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil". A modo de resumen y ejemplo de aplicación de la anterior doctrina en Madrid, se copia entera sentencia de 20 de noviembre de 2017: Jurisdicción: Civil Ponente: LUISA MARIA HERNAN-PEREZ MERINO Origen: Audiencia Provincial de Madrid Fecha: 20/11/2017 Tipo resolución: Sentencia Sección: Octava Número Sentencia: 474/2017 Número Recurso: 734/2017 Numroj: SAP M 16672/2017 Ecli: ES:APM:2017:16672 ENCABEZAMIENTO: Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Octava c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 1 - 28035 37013860 N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0202280 Recurso de Apelación 734/2017 C O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 04 de Madrid Autos de Juicio Verbal (250.2) 1192/2016 APELANTE: BANKIA SA PROCURADOR D./Dña. JOAQUIN MARIA JAÑEZ RAMOS APELADO: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 DE MADRID PROCURADOR D./Dña. FELIX GUADALUPE MARTIN SENTENCIA Nº 474 ILMA. SRA. MAGISTRADA: Dª LUISA MARÍA HERNÁN PÉREZ MERINO En Madrid, a veinte de noviembre de dos mil diecisiete. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, designando a la Ilma., Sra. Magistrada Ponente actuando como órgano unipersonal de apelación, ha visto en grado de apelación los autos de juicio Verbal número 1192/2016, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid, seguidos entre partes, de una como demandante-apelada, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 DE MADRID representada por el Procurador D. Félix Guadalupe Martín, y de otra, como demandada-apelante, BANKIA S.A. , representada por el Procurador D. Joaquín María Jañez Ramos. VISTO, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª LUISA MARÍA HERNÁN PÉREZ MERINO. ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid, en fecha veintisiete de marzo de 2017, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 , de Madrid, representada por el Procurador Sr. Guadalupe Martín y defendida por el letrado Sr. Lorente Fernández, contra la entidad Bankia, S.A., representada por el Procurador de la Santa Márquez y defendida por el letrado Sr. Santos García, condenando al demandado al pago de la cantidad de 3364,26 euros, más los intereses legales de dicha cantidad señalados en el fundamento jurídico segundo de esta resolución; todo ello, con la expresa condena al pago de las costas procesales" SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales. TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en turno de deliberación, lo que se ha cumplido el quince de noviembre de dos mil diecisiete. CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO .- Se ha dictado sentencia en juicio verbal dimanante de juicio monitorio de reclamación de cuotas de comunidad de propietarios en que se condena a Bankia S.A. como propietaria de la vivienda sita en DIRECCION000 de Madrid. Se la condena al pago de 3.364,26 euros de principal correspondientes a cuotas de contribución de gastos de la citada vivienda según a fecha 31 de diciembre de 2014 según certificación del secretario administrador de la comunidad demandante. Se recurre en apelación reproduciendo el motivo de oposición al juicio monitorio en su día esgrimido: Bankia SA no ha adquirido la propiedad de la vivienda en la medida en que todavía no ha sido expedido testimonio del decreto de adjudicación de fecha 11 de noviembre de 2014. Sostiene la parte que con base en la teoría del título y modo para la adquisición del dominio por adjudicación judicial se requiere además del título -decreto de adjudicación- un acto de transmisión, la traditio en este caso ficta traditio o instrumental, el testimonio de la resolución que aprueba la adjudicación. No lo entendió así la resolución apelada, en la cual el juez a quo considero que si no se ha expedido tal decreto "será porque la adjudicataria no lo ha solicitado", y que la inscripción en el registro de la propiedad no tiene carácter constitutivo del derecho real. Desde que se dicta el decreto y deviene firme es ya propietaria del inmueble pues es evidente que no reconocerá esta entidad la titularidad del deudor hipotecario frente al que ejecuto la hipoteca y en cuya virtud se ha adjudicado la vivienda. Conforme se ha apuntado el único motivo de recurso de la demandada pivota sobre esta cuestión: la condición o no de propietaria del inmueble (y por tanto legitimada pasivamente en la reclamación de cuotas de contribución a gastos comunes conforme al artículo 9.1 e) LPH ) de la demandada. SEGUNDO .- El recurso se estima. La cuestión queda aclarada por la reciente STS de 1 de Marzo de 2017 , que con cita de la de 14 de Julio de 2015 declara "En nuestro sistema se hacía coincidir la consumación de la venta de bienes inmuebles en subasta con el otorgamiento de la escritura pública, porque el otorgamiento de dicha escritura equivale a la entrega de la cosa, en virtud de la tradición instrumental a que se refiere el artículo 1462 del Código Civil ( sentencia, entre otras, de 10 diciembre 1991 ), pero una vez sustituida la necesidad de otorgar escritura pública por el auto de adjudicación, y ahora por el testimonio del secretario judicial del decreto de adjudicación, que comprende la resolución por la que se aprueba el remate y se expresa que se ha consignado el precio ( artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , según redacción dada por Ley 13/2009 de 3 de noviembre), éste será el momento en que debe entenderse producida la transmisión del bien de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil." Actualmente es el artículo 673 LEC en redacción dada por el art. 1.20 de la Ley 19/2015, de 13 de julio el que dispone que " Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio, expedido por el Secretario judicial, del decreto de adjudicación, comprensivo de la resolución de aprobación del remate, de la adjudicación al acreedor o de la transmisión por convenio de realización o por persona o entidad especializada, y en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. El testimonio expresará, en su caso, que el rematante ha obtenido crédito para atender el pago del precio del remate y, en su caso, el depósito previo, indicando los importes financiados y la entidad que haya concedido el préstamo, a los efectos previstos en el artículo 134 de la Ley Hipotecaria ." Así, pues cuando estamos ante una transmisión de un bien inmueble derivado de una subasta judicial, el decreto de adjudicación será el título en tanto que el testimonio del decreto de adjudicación emitido el Letrado de la Administración de Justicia equivale al otorgamiento de la escritura pública y, por tanto, sería considerado como la entrega o traditio del inmueble y el momento en se produce la consumación de la transmisión. Así lo expresa taxativamente la STS, Civil sección 1 del 11 de octubre de 2014 : " Concepto de adquisición de dominio. Son modos de adquirir el dominio los hechos o negocios jurídicos a los que la ley atribuye el efecto de producir la adquisición del dominio. A ella se refiere el artículo 609 del Código civil que, aparte de otros medios que no son del caso, se adquiere el dominio mediante un título y un modo. Así lo exponen, entre otras muchas, las sentencias del 23 marzo 2004 , 10 mayo 2004 , 13 octubre 2004 , 5 octubre 2005 , 14 junio 2007 , 17 noviembre 2008 , 13 noviembre 2009 , 2 diciembre 2009 . Esta última es muy elocuente e interesa en el presente caso al decir, literalmente: "la jurisprudencia de esta Sala mantiene toda la virtualidad delart. 609 CCexigiendo algo más que la mera aprobación del remate para la adquisición de la propiedad de la finca subastada por el rematante o el cesionario del remate. Así, la sentencia de 29 de julio de 1999 (rec. 156/95 ), citando extensamente la de 1 de septiembre de 1997 y también las de 16 de julio de 1982 y 10 de diciembre de 1991, declara que "la consumación venía amparada por el otorgamiento de la escritura pública" y que tras la reforma de laLEC de 1881 por la Ley 10/92 "la consumación de la enajenación se produce, conforme al artículo 1514 , con la expedición del testimonio del auto de aprobación del remate y demás requisitos (artículo 1515)"; la sentencia de 4 de abril de 2002 (rec. 3228/96 ) puntualiza que la subasta supone una oferta de "venta" (de la finca embargada) que se perfecciona por la aprobación del remate, operando la escritura pública (en el sistema procesal entonces vigente) como "traditio" instrumental para producir la adquisición del dominio; y en fin, la de 4 de octubre de 2006 (rec. 3905/99) reproduce la anterior, añadiendo que "después de la reforma operada por la Ley 10/1992 el testimonio del auto de aprobación del remate" conforma la operación del acto procesal enajenatorio." En este caso no puede por tanto sustentarse la legitimación de la demandada Bankia en el dictado del decreto de adjudicación ya que conforme lo expresado no es suficiente para adquirir la condición de propietaria del inmueble. La sentencia debe ser, pues, revocada, acordando en su lugar la desestimación de la demanda con imposición de costas en primera instancia a la parte actora ex articulo 394.1 LEC . TERCERO .- siendo estimado el recurso no procede imposición de costas de la alzada conforme prevé el artículo 398 LEC . Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO: 1º SE ACUERDA ESTIMAR EL RECURSO DE APELACION FORMULADO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE BANKIA SA CONTRA EL LA SENTENCIA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2017 DICTADO EN PROCEDIMIENTO VERBAL Nº 1192/2016 SEGUIDO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE MADRID Y CON REVOCACION DE LA MISMA ACORDAR LA DESESTIMACION DE LA DEMANDA FORMULADA POR COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA DIRECCION000 DE MADRID CONTRA BANKIA SA, CON IMPOSICION DE COSTAS A LA PARTE ACTORA. 2º NO PROCEDE IMPOSICION DE COSTAS EN ESTA ALZADA. La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido por la parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2.009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , póngase en conocimiento de las partes que contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado , en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue hecha pública por la Magistrada que la ha firmado. Doy fe..
20.09.2019
DESPACHO GOMEZ GALLARDO ABOGADOS
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ESTUDIO FISCAL ARRENDAMIENTOS 1.- GENERALIDADES ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA: Exento de IVA,. No hay diferenciación en la norma fiscal entre vivienda habitual/temporada, tampoco a efectos del IRPF para la deducción del arrendador persona física. Eso incluye por tanto, arrendamiento a particulares como arrendamiento de vivienda de temporada y también para uso turístico si no hay servicios propios de industria hotelera. No se aplicará la exención: ·         Uso mixto, pej. como vivienda o como despacho profesional.(tipo 21%) ·         Viviendas amuebladas cuando el arrendador se compromete a prestar servicios propios de la industria hotelera (tales como limpieza, lavado de ropa, sábanas, toallas, etc. durante la estancia -no a la entrada o salida-) (tipo 10%) ·         Viviendas amuebladas efectuado por una persona jurídica para destinarlo, cediendo su uso, a residencia de empleados si no se especifica el nombre del inquilino como usuario de la vivienda o especificado no existe prohibición de ceder o subarrendar por el mismo (tipo 21%) ·         Viviendas amuebladas en la que el arrendatario es persona jurídica para destinarlo, cediendo su uso, a residencia de empleados. (tipo 21%) ·         Viviendas arrendadas en las que el propietario de la vivienda cede la explotación a una sociedad para arriende la vivienda a particulares para uso turístico, NO prestando servicios hoteleros. o   Se aplicaría el 21% de IVA en el arrendamiento del propietario a la sociedad. o   Estaría exento de IVA en el subarrendamiento de la sociedad a particulares ·         Viviendas arrendadas en las que el propietario de la vivienda cede la explotación a una sociedad para arriende la vivienda a particulares para uso turístico, SÍ prestando servicios hoteleros. o   Se aplicaría el 21% de IVA en el arrendamiento del propietario a la sociedad. o   Se aplicaría el 10% de IVA en el subarrendamiento de la sociedad a particulares ·         Sociedades que figuren como arrendatarias de temporada, aunque en Tribunales se está considerando que sí está exento si se identifica al usuario final  2.- CONTRATO DE MANDATO (relación directa PROPIEDAD-USUARIO) Los contratos son firmados directamente por un GESTOR DE ARRENDAMIENTO/MANDATARIO (GA/M) en nombre de la propiedad con los sucesivos inquilinos, se les aplica lo dispuesto en el apartado 1.- anterior. No está sujeto a IVA en los supuestos exentos del apartado 1.- anterior pero sí lo estaría en los no exentos (servicios propios industria hotelera aunque fueran prestados por (GA/M), que actuaría como contratista de ello) El arrendador deberá declarar en IRPF la totalidad de la renta de cada contrato (valorar que se le debería remitirá total cobrado en su nombre….) y deducir como gasto los honorarios del gestor del arrendamiento, si lo hubiera, que a su vez deberán llevar el IVA 21% incluido. Alternativa, remitirle tan solo una liquidación de contrato con la renta garantizada que efectivamente ha percibido y una relación de los inquilinos personas físicas (o jurídicas+la física expresamente designada en cada contrato que debe haber para mantener la exención de IVA). El arrendador persona física tiene derecho a la deducción del 60% en IRPF si los usuarios finales son de vivienda (de temporada normalmente) Si el arrendador persona física lo que percibe es una indemnización, pagada por el gestor del arrendamiento, no es renta de vivienda, y no puede deducir el 60% en IRPF 3.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PROPIEDAD - GA/M (relación directa GA/M-USUARIO) Tanto para  arrendador Persona Física o Jurídica, todo el arrendamiento está sujeto y no exento a IVA, ya que (GA/M) no puede identificar un usuario final concreto. El arrendador persona física no puede deducir el 60% del rendimiento en IRPF Para los Arrendatarios de (GA/M), si arrendamiento es de temporada y no se prestan servicios hoteleros, EXENTO DE IVA (recomendación, prestar servicios de tipo hotelero para sujetar a IVA la operación y deducir el IVA que se le paga a la propiedad)
25.04.2019
Carmen Sánchez
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Los días de asuntos propios – días de libre disposición–, son días en los cuales, los trabajadores pueden faltar a su puesto de trabajo por un motivo personal, siendo una falta de asistencia justificada. Se tiene la creencia generalizada de que todos los trabajadores tienen días de asuntos propios per se, pero esto no es del todo cierto, puesto que habrá que acudir al Convenio Colectivo que sea de aplicación en la empresa, y atendiendo a lo que regule la norma convencional, tendremos determinados días de asuntos propios o no, a menos que se hayan pactado con la empresa mediante contrato o acuerdo, es decir, se tiene derecho al número de días de asuntos propios que establezca el Convenio Colectivo, contrato o pacto. La forma de saber si tengo derecho o no, a estos días es, tal y como adelantamos, acudir al Convenio Colectivo de aplicación, su nomenclatura no es determinante, pues muchos convenios los denominan permisos retribuidos, entre otros.
23.04.2019
Nuria Gómez
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Nueva deducción de la Comunidad de Madrid en IRPF por gastos educativos en Educación Infantil de primer ciclo, de 0 a 3 años.  Como consecuencia de las últimas modificaciones legislativas de la Comunidad de Madrid, relativas entre otros aspectos a la deducción autonómica en materia de IRPF de la Comunidad de Madrid por gastos educativos de los hijos o descendientes se han incluido dentro de dicha deducción por gastos educativos las cantidades satisfechas por los conceptos de escolaridad durante el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años (antes solo se admitía la deducción para el segundo ciclo de Educación Infantil,  Educación Básica Obligatoria y Formación Profesional Básica) En cuanto a la entrada en vigor de la deducción, aunque en el Manual de la Renta de 2018 sigue apareciendo solo la deducción para segundo ciclo de Educación Infantil, la entada en vigor que se prevé en la Ley de la Comunidad de Madrid establece que las disposiciones relativas a IRPF entrarán en vigor el 31 de diciembre de 2018 y serán de aplicación a todos los periodos impositivos que finalicen durante el año 2018. La base para esta deducción en el primer ciclo de Educación Infantil serán las cantidades satisfechas por el concepto de escolaridad únicamente, siempre que estas cantidades no se abonen mediante precios públicos ni mediante precios privados autorizados por la Administración, es decir que únicamente se admite esta deducción para los importes abonados en concepto de escolaridad a las guarderías privadas, no admitiéndose para guarderías públicas ni concertadas. La deducción será del 15 por ciento de los gastos de escolaridad, con un límite de deducción de 1.000€ por cada hijo o descendiente que esté cursando el primer ciclo de Educación Primaria, siempre que convivan con los progenitores. Cuando el hijo o descendiente conviva con ambos padres o ascendientes, el importe de la deducción de prorrateará por partes iguales entre ellos.  Para poder aplicar esta deducción será necesario que el Centro Educativo expida, a petición de los padres, un certificado donde consten las cantidades que han sido satisfechas en concepto de escolaridad de cada alumno durante el ejercicio que corresponda. Dicha deducción autonómica es compatible con la nueva deducción estatal por gastos de guarderías para madres trabajadores con hijos menores de 3 años a su cargo, siempre que se cumplan los requisitos de ambas.
A partir del próximo día 12 de mayo de 2019, entra en vigor el nuevo Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en jornada de trabajo. La norma consigna, entre otras, una nueva obligación para las empresas, las cuales, deberán garantizar el registro diario de jornada, que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada trabajador, así como los tiempos de descansos que tomen los trabajadores, (pausas para comer, café, bocadillo, fumar….) en su caso, de acuerdo con la normativa legal a tales efectos. Respecto a la forma de organización y documentación del registro de jornada debe determinarse mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa.  La normativa legal, no dice nada respecto de los sistemas concretos de control de la jornada, por ello, y salvo que el convenio colectivo que sea de aplicación en el seno de la empresa establezca un sistema concreto, (no es lo normal por el momento) el empresario puede adoptar las medidas que estime más oportunas para el control horario, ya sea mediante hojas de papel (inclusive mediante una hoja de Excel) siempre firmadas por todos los trabajadores, o mediante un sistema de fichaje electrónico, es decir, la norma habilita una pluralidad de sistemas para el registro y control de jornada. Asimismo, se establece que la empresa debe conservar los registros durante cuatro años que han de permanecer a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de trabajo y Seguridad Social. Las sanciones por no tener implementado un sistema o que presente defectos (es decir no esté firmado físicamente o no sea el adecuado electrónicamente) van desde 626 € a 6.250 €
Cuando detectamos esta situación, lo que se debe hacer es cambiar el convenio colectivo y aplicar el que debemos aplicar, pues tal no podemos elegir el convenio a nuestra mera conveniencia (Ni como empresa, ni como trabajador), incluso si estamos aplicando en la empresa un convenio colectivo incorrecto, pero que tiene mejores condiciones económicas y de derechos que el convenio colectivo de aplicación correcta. (hay alguna excepción como trabajador)  En estos casos, si la empresa está aplicando de forma errónea un Convenio Colectivo, debemos de dejar de aplicarlo y aplicar el que procede. Nuestra recomendación sería que se mantuviese una reunión informal con los trabajadores, donde la empresa explicase la situación, y que en base al error, se va a proceder a cambiar en convenio colectivo para aplicar el correcto, y negociar individualmente el cambio/adaptación de categorías como la consolidación de salarios mediante complementos específicos para cada personal. En principio los salarios sí deben mantenerse en estos casos. Esto, debe ser un proceso de negociación prudente, transparente y bilateral de las condiciones de trabajo con el personal de la empresa, con el fin de que comprendan la situación y la razón objetiva por la que se procede al cambio del convenio. Esto debe ser así para evita acabar en un procedimiento judicial (un conflicto colectivo). Una vez cerradas las condiciones, se procedería al cambio de convenio  y a las nuevas contrataciones directamente aplicar el nuevo convenio. Cualquier duda consúltenos a través del formulario de contacto

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